En la categoría sádicos de la web portaljuegosgratis. com no aparece ningún indicativo que restrinja su uso a mayores de edad, de manera que cualquier menor puede acceder al juego ¡Coche asesino!,que se describe como sigue: "Estás con tu coche dentro de un campo de fútbol, ¡atropella a todos los hinchas!".
Tampoco hay advertencias en las categorías de acción o lucha.Sólo la de eróticos especifica "para mayores de 18", aunque cualquiera puede acceder. Las referencias al famoso Código PEGI - el sistema voluntario europeo de clasificación por edad- brillan también por su ausencia en portales de venta como chollogames. es o loading-games. com. Y eso sólo por lo que respecta a internet.
Amnistía Internacional (AI) pide un marco legal estatal que proteja los derechos de la infancia en el mercado de los videojuegos. El director de AI, Esteban Beltrán recordó ayer a La Vanguardia que en España ya existe una ley que prima el interés superior de los menores "y sin embargo, el Gobierno delega su protección en un código voluntario, controlado por las empresas que legítimamente hacen negocio pero que no pueden ser garantes de los derechos del menor".
La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, publicitó este código voluntario de autorregulación en vísperas navideñas, junto a un decálogo de consejos para orientar a los padres en la compra responsable de videojuegos. Pero para Beltrán, las medidas anunciadas por Salgado son "insuficientes". "Los menores pueden alquilar, comprar y acceder a cualquier videojuego para adultos que banaliza la violación de derechos humanos".
Un año después de publicar su informe Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego,AI insiste en el nulo control sobre el acceso de menores a contenidos no adecuados a su edad, no sólo en la red, sino en los puntos de venta, a menudo grandes superficies. La organización hizo la prueba esta Navidad: una niña de 8 años pudo comprar sin ninguna traba en un centro comercial de Madrid el videojuego True crime 2: New York,destinado a mayores de 18 años, cuyo protagonista se dispone, según la web del fabricante, a "hacer uso y abuso de su autoridad en las calles de Nueva York al otro lado de la ley".
Por otro lado, Amnistía se pregunta qué ocurre en los puntos de venta. ¿A qué lógica obedece que los videojuegos se ubiquen clasificados por empresas productoras o por soportes y no por edades? "No es normal - se lamenta Beltrán- tener vídeos en los que se golpea a prostitutas situados en la sección de juguetes de los grandes almacenes".
En cuanto al etiquetaje, incluso el decálogo de Sanidad advierte de que "la clasificación por edades es meramente orientativa". De hecho, uno de los más vendidos de 2005, Need for speed wanted,un juego en torno a carreras ilegales, el gusto por el tuning y las huidas de la policía - mujeres "explosivas" incluidas-, estaba clasificado para mayores de ¡3 años! La nueva versión del 2006 se ha elevado a 12, añadiendo el indicativo de contenido violento.
El consumo de videojuegos supone el 35% del consumo de ocio audiovisual, muy por delante de la música y el cine. El 78% de menores entre 11 y 16 años consume esos contenidos, que son interactivos, a menudo en soledad. Además, un 20% reconoce jugar con juegos en los que se daña, tortura o mata a niños, ancianos o embarazadas.
Amnistía espera que la creación de una comisión de seguimiento del código PEGI en España, anunciada por Salgado, se ponga en marcha lo antes posible, y que se avance en la línea de Reino Unido y Alemania, donde ya existen mecanismos para el control de internet y la telefonía móvil. Aunque el problema, insiste Beltrán, es la "dejación de responsabilidades del Gobierno". "No estamos hablando de regular el mercado o censurar contenidos. Sencillamente, es absurdo que sean las empresas, que giran en España 863 millones de euros, las garantes de la protección", concluye.